El Consejo Universitario emitió criterio sobre el proyecto de “Ley de Asociaciones Administrativas de Acueductos Comunales”, expediente No. 17.914, según las recomendaciones de la Oficina Jurídica como del Programa de Gestión Local.

El objetivo de este proyecto de ley es “establecer un marco jurídico para fortalecer y regular el funcionamiento de los acueductos comunales del país, al crear condiciones que favorezcan la gestión eficiente de las asociaciones administradoras de acueductos comunales encargadas de prestar servicios de acueducto y/o saneamiento en sus respectivas comunidades”.

De acuerdo con la información suministrada por Javier Ureña, Coordinador del Programa de Gestión Local, actualmente existen 1500 entes operadores de acueductos comunales en todo el país y que abastecen a casi el 30% de la población costarricense.

A la vez, indicó que el Estado deberá facilitarle a estas asociaciones el funcionamiento del servicio flexibilizando controles, asesorando y capacitando, exonerando de impuestos sus compras, y superando las trabas legales que atentan contra la rapidez y calidad del servicio.

Por su parte, el criterio de la Oficina Jurídica manifestó que el objetivo medular de este proyecto de ley se centra en garantizar la protección y la conservación del recurso hídrico de Costa Rica, así como garantizar el derecho a la salud y salvaguardar el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que consagra nuestra Constitución Política.

Según se advierte en los dictámenes, el problema del agua es latente pues sufre de un desamparo legal y además los entes estatales responsables del control y abastecimiento del agua en el país (Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Servicio Nacional de Riego y Avenamiento), no desarrollan acciones coordinadamente con el ente rector de ley que en este caso es el Ministerio de Ambiente y Energía.

A esto se le suma una Ley de Aguas obsoleta, la cual fue aprobada hace 69 años y que no cumple con las necesidades actuales del país.

El Consejo Universitario avaló de esta manera el proyecto de ley, enviando a la vez a la Comisión Permanente Especial de Ambiente, de la Asamblea Legislativa ciertas recomendaciones sugeridas por el Programa de Gestión Local de la UNED.

Acuerdo tomado en sesión 2097-2011, Art. III, inciso 3).