Universidades Públicas presentan acción de inconstitucionalidad por recorte del FEES 2019

El monto del recorte aprobado por la Asamblea Legislativa asciende a los 10 mil millones de colones

Por: Renzo Kcuno Aimituma
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Los rectores de las cinco Universidades Públicas llegaron hasta las instalaciones de la Sala Constitucional, para hacer entrega de una acción de inconstitucionalidad, debido al recorte de 10 mil millones de colones al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES), aprobado anteriormente por la Asamblea Legislativa, el cual afecta directamente el presupuesto del año 2019 de las universidades estatales.

La acción de inconstitucionalidad busca salvaguardar los derechos fundamentales de la educación superior, y hacer respetar el artículo 85 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual indica expresamente: “Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.”. Esto, siempre y cuando el Poder Ejecutivo pierda competencia constitucional para incluir el monto del FEES.

De esta manera, el artículo 85 deja claro que existe un procedimiento, en el que indica que la competencia del Poder Legislativo queda condicionada a la existencia de una ausencia de acuerdo en cuanto al monto asignado para el FEES por parte del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, cabe señalar que el monto del FEES para el año 2019 ya había sido definido por la Comisión de Enlace (las instituciones de educación superior universitaria estatal y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones), en el que se fijó un total de 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al presupuesto asignado en el año 2018 y que integra el 3% como inflación estimada para el año 2019, por parte del Banco Central.

Fue así, que el Poder Ejecutivo incorporó este monto en el proyecto de presupuesto ordinario de egresos de la República, según lo ordenado por el artículo 85 de la Constitución Política.

Para el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Carlos Montoya Rodríguez, el recorte de 10 mil millones de colones al FEES, afectará directamente a lo planificado por las universidades públicas, principalmente a la población estudiantil, quienes carecerían de servicios básicos y oportunos, en función del desarrollo académico.

“Efectivamente, los rectores de las universidades públicas hemos presentado una acción de inconstitucionalidad, ya que desde el 2018 se había negociado y llegado a un acuerdo con la Comisión de Enlace, para establecer el presupuesto del FEES. En el caso de la UNED, nos afectaría en las áreas operativas, principalmente en el recorte de las partidas que son destinadas al pago de servicios públicos, contratos por mantenimiento y por cualquier eventualidad que ocurra y afecten nuestros centros universitarios, como fue el caso de los centros que se inundaron por las tormentas y eventos climáticos”, expresó el rector.

“Un punto alto que afectaría a la UNED son las becas que brindamos a nuestros estudiantes, más ahora, que nuestro sistema de becas eliminará la cantidad de cupos, de esta manera, estaremos recibiremos todas las solicitudes de becas por parte de nuestros estudiantes, el cual demandará de mayor presupuesto, a fin de apoyarles y acompañarles durante su desarrollo académico. Asimismo, se verán afectados la contratación de los tutores, quienes son los guías de toda la población estudiantil”, aseveró Carlos Montoya, rector de la UNED.

Cabe destacar, que en los últimos años la población estudiantil se incrementó. En la actualidad, la población de la UNED supera los 28 mil estudiantes, quienes se ubican en todas las regiones del país y llevan a cabo sus estudios superiores. Muchos de ellos, tienen a la UNED como la única opción universitaria.

En aras de la transparencia institucional y el interés público, los miembros del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) convocaron a una conferencia de prensa, a fin de brindar información, y que esta sea divulgada a toda la sociedad costarricense. Dicho comunicado señala:

Durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron un rebajo de 10 mil millones de colones a la asignación del monto del FEES acordado, con lo cual el FEES vigente para el año 2018 no fue incorporado en el presupuesto 2019 “ajustado de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda”, tal y como lo establece el artículo 85 de la Constitución Política, en forma preceptiva y obligatoria. Este artículo de la Carta Magna señala que:

“El Estado ... mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. ... Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan. ... El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, ... ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.”

El Poder Legislativo incluyó en el presupuesto ordinario de egresos de la República para el año 2019 la partida del FEES con una disminución, con lo cual dicha partida no corresponde a la asignación constitucional prevista para el FEES, la cual debe ser ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.

El artículo 85 establece el supuesto bajo el cual el Poder Ejecutivo perdería su competencia constitucional para incluir el monto del FEES y ser sustituido por el Poder Legislativo:
“Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.”

Es así, como se estipula un procedimiento, dentro del cual la competencia del Poder Legislativo queda condicionada a la existencia de una ausencia de acuerdo en cuanto al monto a asignar para el FEES en determinado año por parte del Poder Ejecutivo.

La petitoria de las universidades públicas en la acción de inconstitucionalidad es:
Con fundamento en todo lo expuesto, solicitamos a la Sala Constitucional dar trámite a la presente acción de inconstitucionalidad y acoger la inconstitucionalidad acusada y reclamada contra el artículo 2º de la Ley Nº9632 declarando en sentencia:

A.- La legitimación que poseen las instituciones de educación superior universitaria estatal para la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley Nº9632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, publicada en el Alcance 207 a La Gaceta (Diario Oficial) número 230 del 11 de diciembre de 2018.

B.- La inconstitucionalidad de la reducción (en 10.000 millones de colones) que el Poder Legislativo ha hecho de la partida incorporada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto (por 511.154,72 millones de colones), efectuada durante la tramitación del proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019. Lo anterior como consecuencia de una intervención indebida del Poder Legislativo en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas por el artículo 85 al Poder Ejecutivo, que mediante acuerdo con las instituciones de educación superior universitaria estatal suscrito el pasado 13 de julio de 2018, determinaron la asignación constitucional para el FEES correspondiente al año 2019 en la suma de 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al presupuesto asignado en el año 2018, tomando en cuenta la estimación del 3%, prevista como inflación para el año 2019.

C.- La inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley Nº9632 del 28 de noviembre de 2018, por no haber incorporado la partida correspondiente al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) en los términos preceptivos y obligatorios contenidos en el artículo 85 de la Constitución Política, esto es, una partida correspondiente al FEES vigente en el presente año, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda, variación que ha sido fijada en un tres por ciento de inflación, de conformidad con el programa macroeconómico publicado por el Banco Central de Costa Rica.

D.- Dimensionar los efectos de la sentencia que acoja la presente acción previniendo tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa a incluir por medio de un presupuesto extraordinario del año 2019 los fondos necesarios para incorporar los 10.000 millones de colones que fueron inconstitucionalmente rebajados de las partidas destinadas a la asignación que constitucionalmente corresponde para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política.

E.- Prevenir tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa de abstenerse de realizar acciones u omisiones que impliquen incumplir durante el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la República, el monto del FEES que debe ser incluido según los términos señalados por el artículo 85 de la Constitución Política.

Los recursos del FEES han sido el soporte del trabajo que han desarrollado las universidades públicas, en formación de talento humano, investigación, apoyo a las comunidades, a favor del desarrollo nacional y local del país. La educación ha sido y seguirá siendo la mejor inversión para garantizar una sociedad más justa y la movilidad social de estudiantes y sus familias.