Analizan empleabilidad de personas con discapacidad

 

Encuentro interuniversitario se celebró en la UNED

  

Esteban Chaverri Valverde, del PASE, expuso ampliamente acerca de la normativa vigente para personas con discapacidad.El desempleo en las personas con discapacidad en Costa Rica alcanza el 90%, lo que demuestra la necesidad de crear oportunidades laborales para esta población y facilitar procesos de formación que les faculte el desarrollo de actividades remuneradas. Esta fue una de las conclusiones expuestas en el Encuentro “Inserción laboral de las personas con discapacidad”, de la Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior (CIAES).

    

Adscrita a la Comisión de Vicerrectores de Vida Estudiantil (COMVIVE), del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), CIAES facilitó ayer lunes un espacio para analizar la situación de empleabilidad de la población con discapacidad, en una actividad celebrada en el Paraninfo Daniel Oduber, en el campus universitario Fernando Volio, sede central de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

  

En la CIAES, la UNED está representada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), en la figura de su directora, Adelita Sibaja Salguero.

  

El encuentro comenzó con las palabras de Esteban Chaverri Valverde, sociólogo asesor legislativo del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), quien abrió la reflexión acerca de las condiciones en las que las personas con discapacidad deben insertarse en el mercado laboral, que presenta pocas o casi nulas posibilidades para recibirles.

  

En su exposición, Chaverri Valverde hizo un retrato del cumplimiento de la legislación en materia de discapacidad y trabajo, contextualizando su visión desde los mitos o estereotipos que circularon antes del siglo XX alrededor del empleo para esta población.

  

“El concepto de discapacidad ha dejado a lo largo del tiempo el enfoque tradicional que veía a las personas con discapacidad como seres improductivos. No se pensaba que una persona con discapacidad pudiera prepararse o desarrollar alguna actividad laboral. Sin embargo, las mismas luchas de personas con discapacidad, a mediados del siglo XX, comenzaron a sacar ese enfoque, comienza a reconocerse que la población con discapacidad puede aportar a la sociedad; requerimos apoyos, pero tenemos el derecho de educarnos, trabajar, acceder a la salud, entre otros”, dijo.

  

Recordó cómo en la década de los 90 se gestaron cambios en materia de legislación, cuando Costa Rica ratifica el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que aborda la readaptación laboral, ”es decir, explica que deben presentarse nuevas condiciones una vez que una persona presenta una discapacidad, señala que estas personas pueden tener nuevas oportunidades para trabajar y su trabajo debe adaptarse a sus condiciones”, agregó.

  

Chaverri ValvFelipe Obando, del CNREE.erde mencionó que en 1996 nace la Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que retoma los derechos de esta población frente a la inserción laboral y delega en el Estado la responsabilidad de abrirle espacios de trabajo, con adecuaciones en puestos de empleo.

  

Un segundo análisis fue presentado por Felipe Obando, coordinador de la Comisión de Gestión de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE). En su intervención, mencionó como un gran reto interinstitucional, la urgencia de cerrar las brechas de incumplimiento en la normativa que rige el tema.

  

Explicó que en el año 2000 fue aprobada una primera Política Pública en Discapacidad, con una duración de 10 años Esta normativa fue actualizada en 2009 – 2010, tomando una visión integradora para los próximos 10 años (2011-2021).

  

Esta nueva legislación, dijo, se fundamenta en un enfoque desde los derechos humanos, tomando como sustento la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; la Ley 7948 sobre todas las formas de discriminación en contra las personas con discapacidad y la Ley 8861 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

  

Citó como ejes de esta nueva política: equidad de género; institucionalidad democrática; desarrollo inclusivo comunitario; salud; educación; trabajo y empleo; personas, instituciones y organizaciones; y entorno inclusivo.

  

El encuentro dejó plasmada la necesidad de trabajar y unir esfuerzos desde las universidades para lograr que esta población cuente con los mismos derechos al desarrollarse dentro del campo educativo y laboral, asumiendo el cumplimiento de los lineamientos para su verdadera inserción en los puestos de trabajo.

  

En relación con este tema, el eje de empleo de la Política Pública en Discapacidad 2011-2021 establece la importancia de adoptar políticas nacionales de empleo inclusivas, así como incentivos a la creación, adaptación y oferta de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

  

Menciona además el fortalecimiento y la extensión de los mecanismos de intermediación laboral, el fortalecimiento de las acciones de formación para el trabajo y el empleo público para las personas con discapacidad.

  

En la actividad se expusieron experiencias universitarias exitosas en la discusión y análisis del tema laboral en la población con discapacidad, entre ellas UNA-Oportunidad de empleo, de la Universidad Nacional (UNA), a cargo de Bárbara Holst Quirós.

  

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