Costa Rica: ¿Una democracia fiscalmente sostenible?
Así denominaron la conferencia que se realizó en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el pasado viernes para analizar el contexto nacional y las perspectivas de la situación económica y fiscal del país.
"Este debate nos indicará lo que hemos hecho, lo que nos falta abordar, la forma en que podemos analizar integralmente todos los componentes que afectan las finanzas públicas", manifestó Lizette Brenes, vicerrectora de investigación de la UNED.
Los componentes a los que Brenes hizo alusión son las diferentes ópticas de la vulnerabilidad que enfrenta el país; es decir, el alto riesgo debido al cambio climático, la contracción económica internacional, el gasto público rígido en el que la mayor parte del presupuesto está asignado y deja poca posibilidad para la inversión y el déficit fiscal, proporcionalmente el más alto de América Latina.
Para hablar acerca de este tema, se contó con la participación de tres expertos. Uno de ellos fue Rafael Vargas, académico de la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA).
En los años 80, explicó el Vargas, se puso de moda el concepto de gobernabilidad que se fundamenta en la democracia y la eficacia del gobierno. Por otra parte, los grabes problemas económicos que iniciaron en 1967 con el tema de Libia, encendió la mecha de la ingobernabilidad; no obstante, sin tener claridad en el rango en el que deberían situarse los países.
"Los teóricos hablan de tres elementos básicos de la gobernabilidad: la legitimidad, las finanzas sostenibles y el buen gobierno; para poder dar respuestas oportunas y eficaces sobre las demandas de la sociedad", dijo el académico.
Para lograr la gobernabilidad, argumentó, se necesita sostenibilidad fiscal, legitimidad y buen gobierno y este, implica la buena gestión administrativa para lograr credibilidad, la cual, según él, contribuye de manera principal a la sostenibilidad fiscal.
El Banco Mundial (BM) ha generado mecanismos para medir la gobernabilidad: calidad regulartoria, estado de derecho y control de la corrupción. De acuerdo con el ranking del BM, Costa Rica ocupa el puesto 26 del Índice de Gobernabilidad entre más de 100 naciones; es decir, de acuerdo con estos indicadores, el país tiene un alto grado de gobernabilidad. En el 2009, Costa Rica era el país más democrático de América Latina.
En contraposición, la ingobernabilidad de las naciones, desde la perspectiva de Vargas, "pasa por una debilidad de las instituciones, aunado a esto, el crecimiento en la cantidad de partidos políticos la incrementa porque las opiniones empiezan a dividirse y junto a los problemas políticos se dan los problemas administrativos. El sector público ha tenido serios problemas de gestión y en algunos se acentúa aun más cuando se quiere transferir los conocimientos de la empresa privada a la pública; es decir, cuando se quiere poner a los empresarios a gobernar".
Al final lanzó la interrogante ¿Qué demanda la sociedad? A lo que él mismo respondió: eficiencia, transparencia, sostenibilidad macroeconómica para conseguir empleo, educación y al final, calidad de vida.
Por su parte, Carlos Vargas, director de Tributación Directa, manifestó que el reto país es, precisamente, satisfacer las necesidades y expectativas que la sociedad tiene. Costa Rica, dijo, tiene que asumir el financiamiento de la educación, seguridad, justicia, salud, protección social; entre otros gastos o inversiones a las que, según el experto, no se pude renunciar.
"El reto es cómo se acomete la encrucijada de la sostenibilidad fiscal para financiar de manera adecuada y en el largo plazo la actividad del gobierno. Lo que significa que esto se debe llevar a cabo desde dos bases principales: el gasto y el ingreso", aseguró el jerarca de Tributación.
Ambos rubros, explicó el director, se descomponen en una serie de variables. En cuanto al ingreso, es preciso, aseguró, enfocarse no solo en el control de la evasión porque de hacerlo, se descuidan otras áreas vitales para la administración tributaria y el éxito de esta no se centra en el control de la evasión sino en cómo se potencian y se desarrollan mecanismos adecuados para que esa administración tenga control de su actividad y ese control se sienta en los contribuyentes.
"El tema tiene que verse de manera integral. A lo externo, se debe tener conocimiento del contribuyente, no solo para verificar que presentó la declaración sino para asegurarnos de que el ciclo completo se cumplió; declaró, lo hizo adecuadamente y pagó", dijo el funcionario.
Finalmente, Guillermo Zúñiga, ex ministro de economía, dijo: "el tema de la gobernabilidad incorpora muchas aristas. Para algunos implica arreglar el reglamento de la Asamblea Legislativa, otros insisten en que hay que definirle el papel a la Sala IV, otros aseguran que el problema se resuelve si pone a hacer lo necesario a la Contraloría; dependiendo del ponente, así es el énfasis que se le da; pero lo que está en juego es cómo organizamos el país para cubrir las expectativas y las necesidades de la población".
La política económica es la acción del Estado sobre la economía, reorientando la distribución del excedente socialmente producido. Si hay una actividad de la política económica que ayuda a clarificar eso es la política fiscal.
El economista manifestó que existe un conflicto por la apropiación de la riqueza, entender eso, aseguró, es fundamental para comprender el tema de la gobernabilidad y de la fiscalidad. Lo anterior se expresa, según Zúñiga, en las disputas diarias por la reforma fiscal, gravar al exportador, aumento del IVA y otros temas, "eso no es técnico únicamente, es esencialmente una pugna social llevada al terreno económico".
Esto se resuelve, dijo, en las formulaciones de las leyes. El presupuesto es una ley, esta genera un debate porque se establece qué sector es el que financia y por el otro lado, hacia a donde de orienta ese dinero.
El establecimiento de un nuevo pacto social para el país, es la salida que Zúñiga vislumbra para mejorar la situación nacional, este, desde su perspectiva, debe incluir un pacto fiscal asociado a la forma en que se financiaría el nuevo pacto social del país.
Esta actividad fue organizada por la Vicerrectoría de Investigación, el Sistema de Estudios de Posgrados (SEP), la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) y la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA).
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- Publicado: Miércoles, 11 Julio 2012 18:25