El derecho penal costarricense en las tenazas de la legitimación política: Entre Garantismo y Populi

Prof. Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Juez de Casación Penal, II Circuito Judicial de San José

 

Marzo-Abril 2010. Edición 31.

  

No cabe la menor duda que el debate político costarricense, pero también el de América Latina, se encuentra profundamente marcado por el enfrentamiento entre dos valores que parecen totalmente antagónicos: el garantismo y el populismo punitivo. No obstante, dichos conceptos no son más que construcciones que han sido utilizadas con evidentes fines políticos, no en vano se han utilizado también para generar un análisis desenfocado del problema de la criminalidad.

    

En primer lugar, habría que decir que el garantismo no significa ni “abolicionismo” ni tampoco “alcahuetería con el delincuente”. En el mejor sentido de la palabra, garantismo significa apego de la acción del sistema de justicia penal a las garantías constitucionales y legales previstas para la persecución penal. Así, el garantismo no es más que la fuerte convicción de que dichas previsiones están ahí para proteger al ciudadano frente a los eventuales abusos del poder del Estado. La existencia de este marco constitucional no es gratuito, ni la invención de un grupo de personas que quieren desproteger a las víctimas del delito, sino que es un conjunto de derechos y libertades que pertenecen a todos los ciudadanos, con independencia de su género, raza, pertenencia social o económica, y existen para evitar que sean reducidos a un mero objeto del proceso penal y de las autoridades encargadas de la persecución de los delitos.

  

El así denominado “populismo punitivo” no es más que un conjunto de discursos, principalmente políticos y oportunistas, que desean hacer suyo el clamor de dolor de las víctimas y de las personas asustadas con el delito y los delincuentes, que hacen llevar agua a su molino político, ofreciendo soluciones de “mano dura” y de “cero tolerancia” que terminan siendo meros gritos de batalla en las campañas electorales, pero con poco o ningún efecto en el problema de la criminalidad.

  

El “populismo punitivo” es un discurso simbólico que está en manos de empresarios morales y de medios de comunicación colectiva que desean oponerse a la supuesta “alcahuetería” de los defensores de los delincuentes.

  

Esa “alcahuetería” de la que hablan no es más que la aplicación de las garantías legales y constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso, que han sido previstas por el legislador para garantizar una adecuada investigación y juzgamiento de los delitos y sus supuestos perpetradores, además, de garantizar a las víctimas del delito un adecuado papel y resarcimiento dentro del proceso penal.

  

Ha sido harto estudiado que el problema de la criminalidad es un fenómeno multiforme y multicausal cuya solución no se agota en las sanciones que se le imponen a los perpetradores del delito, sino que pasa, directamente, por la generación de oportunidades de empleo y habitación para las personas, creando oportunidades para los jóvenes, desarrollando más inclusión en la sociedad de los grupos marginados de los procesos económicos productivos y creando un papel más activo del Estado en la agenda social.

  

El garantismo, viene a ser, entonces, solo la consecuencia práctica de un mecanismo de persecución de los delitos en manos del Estado: la garantía permanente de que seremos juzgados mediante el debido proceso y atención al derecho de defensa por jueces objetivos y probos, que permitan una adecuada demostración de nuestra culpabilidad o inocencia. El garantismo nada tiene que ver con las respuestas que deben darse a las causas de la criminalidad, cuyas decisiones más importantes ni siquiera pasan por el derecho penal y pertenecen, casi en exclusiva, a un amplio marco de decisiones estatales en los más diversos puntos de sus políticas sociales y económicas.

  

Generar una polarización entre “garantismo” y “populismo” solo logra crear duda en la opinión pública, “marcar” a los defensores del Estado de Derecho como “alcahuetas” y crear un medio de deslegitimación política de los discursos dirigidos a fortalecer el derecho de los ciudadanos a ser tenidos como inocentes en el proceso penal y a  buscar un juicio justo, ponderado, objetivo y proporcionado de los hechos que causan daño a los bienes jurídicos penalmente tutelados.

  

Tanto Costa Rica, como cualquier otro país que quiera responder racional y humanamente al delito, debe tener en cuenta el carácter multifactorial del delito, darse cuenta que la mera sanción penal no provocará efectos necesariamente útiles para evitar la comisión de nuevos hechos punibles, y que la protección de los bienes más importantes para la vida de convivencia puede y debe ser alcanzada también con otros mecanismos menos violentos.  Esto no significa, ni significará, que el Estado desistirá del uso del derecho penal.  Este instrumento seguirá siendo la única reacción frente a muchos hechos delictivos que asolan y causan temor a la seguridad, no obstante su uso debe ser ponderado y proporcional al daño que se pretende evitar.

  

La solución para los problemas de seguridad de Costa Rica, y de cualquier otro país del mundo, pasa directamente por analizar la situación de nuestra gente, de sus condiciones de vida, de las oportunidades que se están creando, y si la pujanza de unos beneficia la situación de otros.  Los ajustes sociales y económicos que deben asumirse en la política estatal tendrán efecto en la criminalidad, y de seguro habrá oportunidad de buscar muchas respuestas preventivas a otros factores de riesgo, pero volver los ojos a la sociedad y sus problemas ayudará, en mucho, a paliar algunas de las causas del delito. La respuesta está, entonces, en crear condiciones de visibilización de amplios grupos de la población que han sido excluidos del acceso a los bienes de la sociedad, y también crear una sociedad más transparente, más inclusiva, sensible y solidaria.  No nos queda otro camino.{jcomments on}