El establecimiento de Marinas en Costa Rica y su impacto ambiental

 Por Dr. Gabriel Quesada Avendaño
Conductor Programa Garantías Ambientales
Agosto-Noviembre 2008. Edición 21.

En el Diario Oficial la Gaceta del 6 de febrero de 1998 se publicó la Ley 7744 o ley de Concesión y Operación de Marina Turísticas.

 


La ley establece que podrán otorgarse concesiones en las áreas de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT)  y el área adyacente cubierta permanentemente por el mar. Esto de conformidad con lo dispuesto por la presente ley, con excepción de las áreas de manglar, los  parques nacionales y las reservas biológicas para la edificación, administración y explotación de marinas y atracaderos turísticos.

   


La municipalidad del lugar será la autoridad competente para otorgar la concesión.  En caso de petición expresa del gobierno local respectivo a las instituciones estatales, estas deberán brindar el asesoramiento técnico.  Corresponderá a las instituciones correspondientes del Estado costarricense, en los ámbitos de su competencia, supervisar y fiscalizar, periódicamente, la operación y el funcionamiento de las marinas y los atracaderos turísticos.  La concesión se otorgará resguardando el ambiente y los recursos naturales de la zona.

 


Se entiende por marina turística el conjunto de instalaciones marinas o terrestres, destinadas a la protección, el abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las embarcaciones de recreo, turísticas y deportivas, de cualquier bandera e independientemente de su tamaño, así como a los visitantes y usuarios de ellas, nacionales o extranjeros; asimismo, comprende las instalaciones que se encuentren bajo la operación, la administración y el manejo de la empresa turística.

 


Se consideran parte de una marina los inmuebles, las instalaciones, las vías de acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada, destinados por sus dueños a brindar servicios para la marina turística y que se hayan considerado en la concesión. Para afectar estos bienes, es necesario que sus dueños acepten de manera expresa, tal afectación, que debe ser incorporada a la planificación del proyecto.  Deberán cederse al Estado las áreas requeridas para usos públicos. La cesión será determinada por la comisión institucional de marinas y atracaderos turísticos, que deberá considerar lo dispuesto por el plan regulador costero de la zona que se trate.  Garantícese el derecho de toda persona a usar la zona pública y disfrutar de ella en toda su extensión, sin perjuicio de las restricciones que la comisión interinstitucional de marinas y atracaderos turísticos establezca por razones topográficas, de seguridad o de salud de las personas.

 


Costa Rica pretende ser el líder en el continente al establecer 21 marinas para el atraco de más de 5.500 embarcaciones en ambas costas. Cada proyecto tiene un costo aproximado hasta de $40 millones de dólares y podría emplear a 1.000 personas aproximadamente. La costa pacífica será el lugar donde se pretenden establecer la mayor parte de estas marinas y una de gran envergadura en la costa caribeña nacional.  Sin embargo, proyectos como estos van a generar impactos en los ecosistemas terrestres, en los ecosistemas de humedales y en los ecosistemas marinos.

  

Finalmente, hoy se discute un proyecto de ley de modificación de la  Ley de Marinas, el cual pretende que la evaluación de impacto ambiental se realice una vez otorgada la concesión.  Esta situación es muy seria, no solo  porque se estaría permitiendo la construcción de marinas sin el respectivo informe de impacto ambiental, sino porque que se estaría violentando el artículo 50 de la Constitución Política, donde se establece  el derecho que tiene
el costarricense a un ambiente sano.{jcomments on}