La formación de ciudadanos y ciudadanas

Por. Conrado Mauricio

 

Encargado del Componente de Evaluación y Seguimiento

 

del Instituto de Formación y Capacitación

 

Municipal y deDesarrollo Local.

 

Marzo-Abril 2010. Edición 20.

  

Una estrategia clave para lograr una verdadera gobernabilidad democrática

 


Con la creación y puesta en marcha del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL), bajo la responsabilidad institucional de la UNED, los gobiernos locales y la sociedad civil contarán con un servicio educativo de calidad, pertinente y relevante, para apoyar sus esfuerzos de lograr una gobernabilidad democrática caracterizada por la participación real y efectiva de ciudadanos y ciudadanas. Conviene por tanto, hurgar en el contexto y conceptualización de ciudadanía, para asegurar que el servicio educativo que está proveyendo el Instituto, se sustente en las demandas reales y necesarias orientaciones para el logro de su propósito de educar para la gobernabilidad democrática. En esa dirección hacemos las siguientes reflexiones.

   

El Informe del PNUD “La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas”, sienta de partida que, en muchos casos, la creciente frustración por la falta de oportunidades y por los altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, se expresa en malestar, pérdida de confianza en el sistema político, acciones radicalizadas y crisis de gobernabilidad, hechos que ponen en riesgo la estabilidad del propio régimen democrático .

 

Podemos inferir entonces, que la gobernabilidad democrática es un elemento central condicionante del desarrollo humano, porque, a través de la política, y no sólo de la economía, es posible generar condiciones más equitativas y aumentar las opciones de las personas. Igualmente se deduce, que no bastan los requisitos formales de un régimen democrático –partidos políticos estructurados para la competencia política, elecciones universales y libres de realización periódica, respeto a los gobernantes elegidos a lo largo de su mandato, entre otras condiciones acordes a la constitucionalidad-, si al mismo tiempo se enfrentan niveles de pobreza y desigualdad, que causan fuertes tensiones entre la expansión de la democracia y la calidad de vida de una determinada población.

 


En este marco, conviene señalar que lo que está en juego es la posibilidad real de concretar una ciudadanía integral, la cual rebasa los derechos cívicos, para adicionar los derechos sociales, económicos y culturales. Según Sojo, la idea de ciudadanía resulta adecuada para encarar los desafíos sociopolíticos de América Latina, por dos razones centrales. En primer lugar, porque parte de un precepto de igualdad que concuerda con el propósito de la modernización democrática, que reta a las reformas económicas y a la organización de estructuras productivas que excluyen a ciudadanos y ciudadanas de la distribución de la riqueza socialmente generada. En segundo lugar, porque “permite una aproximación integral a las cuestiones políticas, económicas y sociales, que posiblemente sea el único camino para hacer frente a un escenario futuro que parece privilegiar siempre el crecimiento de las empresas por sobre el bienestar de las personas”.

 


En esta misma línea de pensamiento, Sojo define la ciudadanía extensa, como una identidad solidaria y cooperativa, ampliando la noción de integración social y política en tres sentidos: Ante todo, “mayor equidad productiva” que alude a las capacidades de incorporación de ciudadanos y ciudadanas al disfrute de bienes y servicios. En segundo lugar, “mayor ´equidad simbólica`, entendiéndola, como la ampliación de las capacidades de obtener y manejar información, así como de acceder a las redes de consumos culturales y servicios educativos; esta equidad simbólica es crucial para la formación de capacidades de diagnóstico acerca del déficit de ciudadanía, para la formación de derechos y para el cumplimiento de normas, y está además indisolublemente ligada a la transformación de los espacios públicos en la dirección del buen gobierno: más transparencia, más información y mayor capacidad de interpelación de los gobernantes por los gobernados” (id. 34). El tercer y último elemento que señala el autor concierne a una mayor equidad en el ejercicio de los derechos en un plano de reconocimiento de la existencia de diversidades socioculturales y políticas, que demandan tratamiento equitativo.

 


Conviene señalar que la dinámica de construcción de una verdadera gobernabilidad democrática, entra en tensión con prácticas socioculturales destinadas a preservar rasgos de identificación colectiva con un entorno político autoritario que caracteriza a la democracia exclusivamente formal. Por ello el desafío de la construcción de ciudadanía aparece asociado, por un lado a la responsabilidad estatal de consolidación de instituciones democráticas y, por el lado de la sociedad civil, a la gestación de prácticas nuevas y la adecuación de las anteriores, para hacerlas concordantes con los ideales democráticos y sus planos institucionales.  De esto se desprende que la visión y práctica de ciudadanía, va más allá de la responsabilidad de elección de gobernantes, sino que incluye lo que se puede denominar una ciudadanía activa y sustantiva, que compromete a los ciudadanos y ciudadanas a la acción política permanente, dirigida a cautelar la concreción de las políticas gubernamentales y a proponer ajustes o nuevas propuestas, a lo largo del período de gobierno.

 


Con sustento en lo arriba planteado, al IFCMDL le concierne la responsabilidad de desarrollar y fortalecer la equidad simbólica, vía su oferta educativa, integrando su práctica pedagógica con las realidades políticas, sociales, económicas y culturales de los participantes, hacia el logro de una equidad en todas las dimensiones de la vida social. El resultado esperado es un mejoramiento sustantivo de las capacidades analíticas, de síntesis, organizativas, proyectivas, interventoras, y otras que posibiliten la real incidencia de ciudadanos y ciudadanas en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el  nivel local. De esta manera, el Instituto contribuirá a impedir el desarrollo de la significativa tendencia encontrada en el estudio del PNUD, de una población disconforme con la democracia y dispuesta a cambiarla por un gobierno autoritario.{jcomments on}