Juventud nacional una tarea del presente

Editorial

  

Los jóvenes no son el futuro, son el hoy y el ahora. Por eso, es hoy cuando urge la puesta en práctica de acciones que mejoren la calidad de vida de este segmento de la población.

 


Antes de la década de los años 70, el joven era visto como un sujeto de intervención en salud. A partir de esa fecha se empezó a abordar como un problema social. No es producto de la casualidad que fuera, en esa época, cuando surge el Movimiento Nacional de Juventudes.

   


En la década de los años 80, se transformo dicho concepto porque cambia la legislación respecto a los jóvenes. En adelante, serán vistos como personas integrales de derecho.

 


A partir de entonces, se produce una serie de hitos en torno al tema, se transforma la Ley de la Persona Joven en el 2002, se firma la Convención de Derechos del Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2007 y se aprobó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes (CIDJ) con la que se refuerza la integralidad de la persona joven como sujeto de derecho.  

 


La CIDJ se constituye como el único tratado de carácter internacional vinculante, que reconoce a la población entre 15 a 24 años con derechos particulares. Esto implica para los países involucrados “su deber de garantizar el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales” , como lo establece el articulo dos.

 


Sin embargo, no es sino hasta el primero de marzo de este año, que dicha convención entró en vigor gracias a que Costa Rica se convirtió en el quinto país que la ratificó.

 


Esto representa para los jóvenes de Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Honduras y España, países que ya habían ratificado la convención, una herramienta legal que les permitirá defender sus derechos.

 


El estado costarricense asume un compromiso con la juventud nacional, deberá ahora, más que en ningún otro tiempo, garantizarle a la población joven un ambiente social, cultural y económico óptimo para su desarrollo.

 


De esta manera, tanto las instituciones públicas nacionales como la ciudadanía en general, deben repensar sus criterios y su forma de intervenir en la población joven.{jcomments on}