La UNED se declara en contra de Proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

El Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se pronunció en contra del texto sustitutivo del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20580.

Su argumento principal para tal hecho fue considerar que lesiona la autonomía y los intereses de las universidades estatales, pues así se desprende del análisis efectuado por la Oficina Jurídica de la UNED.

Dicha lesión se produce, particularmente, porque obligaría a las fundaciones de las universidades a pagar el impuesto al valor agregado (IVA) e incidiría en lo referente a la regulación de la dedicación exclusiva, del monto de las anualidades y del superávit libre.

El financiamiento de las universidades tiene rango constitucional (artículo 85), por ende, sus rentas no pueden ser abolidas ni disminuidas si no se crean simultáneamente otras mejoras que las sustituyan, argumenta la Oficina Jurídica.

La instancia jurídica determinó, por un lado, que las universidades estatales cuentan con suficiente autonomía reglamentaria para adoptar los cambios en su normativa interna, con el fin de adaptarla  a los compromisos que el país demande y, por otro, que una afectación en sus ingresos incidiría negativamente en la formación profesional universitaria y, consecuentemente, en el desarrollo económico del país.  Además, la autonomía administrativa de las universidades les permite la posibilidad de atraer y de mantener el personal más calificado en el cumplimiento de sus funciones.

Desde esa perspectiva, según la Oficina Jurídica, “el proyecto de ley no valora la condición jurídica y la función social que cumplen las universidades estatales, como motor de promoción social y democratización de la enseñanza universitaria”.

La propuesta planteada por el gobierno actual contiene cuatro grandes temas: transformación del impuesto general sobre las ventas a un impuesto IVA; reforma al impuesto sobre la renta (ISR); reformas al empleo público; y la introducción de una regla fiscal, que busca establecer un límite al crecimiento del presupuesto, en función del nivel de endeudamiento del gobierno central.

Aunado a las anteriores observaciones, el Consejo Universitario también externó su preocupación en el sentido de que el proyecto no aborda integralmente el déficit fiscal, pues no contempla el tema de la evasión tributaria y no eleva los impuestos a todos los grupos económicos, sino que se centra en la clase trabajadora, particularmente, en el empleado público.

El órgano colegiado tomó el acuerdo durante la sesión 2654-2018, que celebró el 12 de abril del presente año.

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