Política para población estudiantil privada de libertad

SESIÓN 2036-2010

21 de mayo del 2010

Artículo II, inciso 6)

Se retoman los acuerdos del Consejo Universitario sesión No. 1896-2007, Artículo IV inciso 1) del 7 de diciembre del 2007 (CU-2007-745); sesión No. 1899-2008, Art. IV, inciso 3) del 18 de enero del 2008 (CU-2008-029), referente a la situación de los estudiantes de la UNED que están privados de libertad.

Después de una amplia discusión de la “Propuesta de políticas, objetivos y acciones estratégicas para fortalecer la atención integral a la

población privada de libertad por parte de la Universidad Estatal a Distancia.”

CONSIDERANDO QUE:

1. La educación es un derecho humano básico y un instrumento fundamental para la promoción y la protección de todos los derechos

humanos. (Naciones Unidas, [1995]. 2 vol.)

2. Desde 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, incisos 1 y 2 establece que:

“1) Toda persona tiene el derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los

méritos respectivos.

2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a

las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad, entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o

religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”

3. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales de 1988 ratificado por el Estado costarricense, en su Artículo 13, incisos 1 y 2, indica:

“ 1) Toda persona tiene derecho a la educación.

2) Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la

personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las

libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar

efectivamente en una sociedad democrática y pluralista…”

4. Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptado por la ONU en 1990 y ratificado por el Estado costarricense, en

el artículo 6 indica que:

“Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad

humana”.

5. La UNED, desde su creación en 1977, se constituyó como una institución de educación superior especializada en la enseñanza a través

de los medios de comunicación social. Entre sus objetivos se establece:

a. Incorporar a la educación superior, con métodos idóneos y flexibles a quienes no hubieren podido incorporarse al sistema formal

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universitario.

b. Proporcionar instrumentos adecuados para el perfeccionamiento y formación permanente de todos los habitantes.

c. Contribuir a la educación no universitaria de adultos, estableciendo sistemas de cooperación y coordinación con instituciones

especializadas, estatales o internacionales que hayan celebrado convenios con el Estado costarricense.

6. Lo anterior se constata en la misión de la UNED al ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, especialmente a

aquellos que por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren oportunidades para

una inserción real y equitativa en la sociedad.

7. La UNED, desde 1979, brinda estudios universitarios a las personas privadas de libertad, amparadas en el inciso c) artículo 2 del

Estatuto Orgánico y fundamentada en los principios de accesibilidad y equidad, de manera que esta población estudiantil cuente con los

mismos deberes y derechos en los procesos educativos que ofrece la Universidad.

8. La UNED, en 1985, firma el primer convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia, con el propósito de establecer las

responsabilidades y funciones que ambas instituciones deben asumir en cuanto a la atención de la persona privada de libertad que desea

ingresar a la universidad. En el año 2000 se firma el último convenio, vigente actualmente.

9. La UNED, en 1987, crea en el Centro Penal La Reforma un Centro Universitario. Actualmente, la UNED ha ampliado sus servicios

educativos a los Centros de Atención Institucional (CAI) del Ministerio de Justicia.

10. El Consejo Universitario acordó en su sesión N° 1899-2008, designar a la Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros

Universitarios para organizar un foro de discusión sobre la atención a las personas privadas de libertad.

11. La Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios conformó una subcomisión con representación de las cuatro

escuelas, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Federación de Estudiantes, con el aporte de los diferentes sectores de la UNED, del

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Defensoría de los Habitantes, la Oficina de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de

Educación Pública, la Dirección General de Adaptación Social y la Dirección General para la Promoción de la Paz

12. Los días 10 y 11 de abril del 2008 se llevo a cabo un foro con la participación de las instancias mencionadas en el punto anterior, para

analizar de manera participativa la temática de interés.

13. Las principales conclusiones obtenidas en este foro constituyen un valioso aporte, para que la UNED analice su quehacer académico, en

relación con la atención a la población privada de libertad.

14. La UNED, desde su práctica educativa y responsabilidad social, debe velar por el respeto de los derechos y del bienestar común, de

manera que, al salvaguardar los derechos individuales, debe ser concordante con la promoción y la protección de los derechos de todas las

personas.

SE ACUERDA:

Definir las siguientes políticas, objetivos y acciones estratégicas para fortalecer la atención integral a la población privada de libertad por

parte de la Universidad Estatal a Distancia:

Politica 1. Ofrecer a las personas privadas de libertad una oferta educativa específica, tanto en educación formal como no formal accesible

y pertinente, resguardando la rigurosidad y calidad académica.

Objetivos Acciones

1.1. Desarrollar una oferta específica de programas y acciones de educación formal y no formal para las personas privadas de libertad,

producto de un trabajo conjunto entre las Escuelas, Extensión Universitaria y el área de Vida Estudiantil, manteniendo los mismos criterios

de rigurosidad académica establecidos por la Universidad para la población estudiantil general. 1.1.1. Identificar, entre la oferta

académica regular de la Universidad, los programas de pregrado y grado, que pueden ofrecerse a los estudiantes privados de libertad,

considerando las limitaciones de su libertad para cumplir con los requisitos y exigencias curriculares que tales programas o cursos

establecen.

1.1.2. Identificar cursos de los programas académicos regulares que sean accesibles a la matrícula de esta población estudiantil,

considerando las limitaciones de su libertad.

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1.1.3. Elaborar una oferta de educación formal y no formal, la cual podrá estar constituida por una carrera completa, cuando los

requisitos de ingreso a esa carrera lo permitan y se cuente con un dictamen afirmativo del equipo multidisciplinario, establecido en el punto

2.1.1 de esta política, que avale el ingreso a dicha carrera. También, la oferta puede estar conformada por algunos cursos que pertenezcan a

un determinado programa académico, o diseñados específicamente para los privados de libertad, o de capacitación o de extensión y

cualquier otra alternativa educativa que la Universidad establezca para esta población. En todos los casos mencionados, los programas o

cursos que se ofrezcan deberán contar con el visto bueno de los respectivos Encargados o Encargadas de Programa o Cátedra, coordinadores

de cursos de extensión y de cualquier otra actividad se ofrezca.

1.1.4. Divulgar oportunamente dicha oferta educativa entre la población estudiantil privada de libertad, con la antelación requerida para

que puedan realizar su matrícula en los términos indicados.

Politica 2. Proveer a la población privada de libertad, que cursan estudios en la UNED, los servicios de apoyo académico,

socioeconómicos, administrativos y de desarrollo humano, según lo que define la normativa institucional.

Objetivos Acciones

2.1. Establecer de manera conjunta y coordinada entre el Programa de Atención a la Población Privada de Libertad del área de vida

estudiantil, las Escuelas, Extensión Universitaria y Centros Universitarios, las acciones de información, apoyo académico, socioeconómico,

administrativo y de desarrollo humano para la población estudiantil privada de libertad, así como los mecanismos de seguimiento y control

de la presente política.

2.1.1. Constituir un equipo multidisciplinario interno de trabajo para que:

1. Apoye las acciones del Programa de Atención de Estudiantes Privados de Libertad, en la orientación académica a los estudiantes.

2. Dictamine sobre el ingreso de los estudiantes privados de libertad a los programas académicos que se le ofrecen.

3. coordine con otras instituciones involucradas, la valoración que sirva de insumo al expediente del estudiante.

4. verifique que cada estudiante cuente con las condiciones y recursos para cumplir satisfactoriamente con los requisitos y demandas

curriculares de cada curso.

5. Evalue periódicamente la ejecución de las acciones propuestas, con el fin de determinar fortalezas, oportunidades de mejora y nuevas

necesidades para atender los requerimientos de la población meta.

6. Informe anualmente a la administración los resultados de la evaluación así como las recomendaciones pertinentes para la debida

atención.

2.1.2. Contar con un registro de estudiantes privados de libertad admitidos y empadronados en algún programa o carrera de la

UNED.

6.1.1. Establecer un proceso de inducción para las personas privadas de libertad con información relativa acerca de la universidad, de

su funcionamiento, de los servicios y de la oferta académica específica para esta población.

2.1.3. Establecer un proceso de comunicación efectiva, con las instancias involucradas, para que las acciones específicas que se

generen para atender a la población privada de libertad, en su proceso educativo, se asuman adecuadamente.

2.1.4. Capacitar al personal académico, al de vida estudiantil y al de los Centros Universitarios que trabajará con esta población.

Politica 3. Garantizar que la población privada de libertad cuente con la infraestructura, el equipamiento y los recursos educativos

necesarios que favorezcan la equidad en la prestación de servicios educativos.

Objetivos Acciones

3.1. Coordinar con el Ministerio de Justicia la dotación de infraestructura, equipo y recursos educativos necesarios para la atención óptima

a los estudiantes privados de libertad.

3.1.1. Actualizar y dar seguimiento al convenio con el Ministerio de Justicia, de manera que queden claramente definidas las

responsabilidades y funciones de cada institución.

6.1.2. Conformar una comisión Interinstitucional constituida por el Director General de Adaptación Social, el Coordinador del área

educativa de la Dirección General de Adaptación Social, el Vicerrector Académico y el Director o la Directora de Asuntos estudiantiles,

quien la coordinará para garantizar la ejecución óptima del convenio.

6.1.3. Esta comisión deberá informar oportunamente al Consejo Universitario de la UNED, los logros, alcances o limitaciones que

surjan en la ejecución de la presente política.

ACUERDO FIRME