Reos, enfermos y fugados

Rafael A. Méndez Alfaro
Coordinador Programa de Humanidades

José María Cañas Escamilla 31 7 2019Hace 150 años, quienes acostumbraban profanar la ley se tomaban ciertas libertades para sortear el pago de sus condenas. La precariedad del sistema penitenciario costarricense de mediados del siglo XIX, hacía de las prisiones un lugar poco seguro para el resguardo de los infractores. Evidencia de lo anterior es un amplio informe de reos fugados o dados de baja por razones de enfermedad, brindado por la Junta de Directores del sistema carcelario y que localizamos en el diario Mentor Costarricense No. 50, correspondiente al 18 de mayo de 1844.

En este informe destacan 11 exitosas fugas de prisioneros llevadas a cabo en el lapso de los tres años previos a su publicación. Todos los cautivos son hombres, vecinos de ciudades circunscritas al denominado, para entonces, “Valle de San José”. Los períodos de cárcel a los que habían sido condenados son variables y no parecen ser la causa primordial que privó en las diversas fugas. Ciertamente, algunos evasores tenían condenas previstas de hasta ocho años, habiéndose escapado antes de cumplir el mes en prisión; otros, en cambio, con penas máximas de treinta días, ni siquiera alcanzaron a cumplir dicho período.

La mayor parte de las fugas de estos reos se ejecutó en menos de cuatro meses de estadía en prisión; sin embargo, se presentan casos en los cuales los cautivos estuvieron escasamente dos días en el calabozo.

También se observan situaciones en los cuales un mismo reo ejecutó más de una fuga en mismo año y circunstancias curiosas donde al menos tres reos escaparon de la cárcel llevándose consigo los grilletes adheridos. Tal como se aprecia, ni siquiera el recurso de los grilletes logró persuadir a los cautivos de buscar la libertad de cualquier forma posible. En al menos una ocasión se trataba de un antiguo soldado condenado a seis meses de presidio por un juez militar. Un caso aparte fue el de Pedro Parra, sacado de prisión por orden directa de Francisco Morazán, mientras este estuvo en el poder en el año 1842.

El informe brindado por las autoridades no deja ver el tipo de delitos cometidos; sin embargo, como referencia, otro periódico de la época, el Boletín Oficial, nos muestra que para 1854, por transgresiones como el robo de un caballo o el hurto de un buey, se recibía la condena de 18 meses de obras públicas y a quedar por cinco años después de sufrida la pena, bajo la vigilancia de las autoridades.

Encontramos en el Archivo Nacional de Costa Rica otro informe de 1841, suscrito por José María Cañas, capitán salvadoreño a cargo de la Comandancia de Moín y Matina, donde se daba a conocer la fuga de tres reos bajo su jurisdicción en la fachada caribeña sin especificar las condiciones en que se llevaron a cabo los escapes.

El Mentor Costarricense afirma, en el documento señalado, que al menos seis reos obtuvieron licencias o permisos ente 1840 y 1843 aduciendo razones de salud. Las condenas de estos procesados van de los seis meses a los dos años, pero en ninguno de los casos los reos llegaron a cumplir los dos meses de prisión.

Todos los prisioneros, pertenecientes a poblados del centro del país, recibieron autorizaciones para salir a curarse y no se encuentran reseñas posteriores de su reintegro a las cárceles. La mitad de estos reos estaban en prisión por castigos de trabajos en obras públicas, aunque ninguno de ellos tuvo que preocuparse por cumplir el total de la pena, dada su salida temprana de los centros carcelarios.

José María Cañas, en nota rubricada en 1841, ofrecía información poco alentadora en este sentido. Señalaba la problemática de la propagación de intensas calenturas entre los reos llegados al puerto de Moín durante el período invernal, así como de la muerte de dos prisioneros debido a las condiciones insalubres prevalecientes en la zona.

En este mismo año, Braulio Carrillo, para entonces Jefe de Estado, y preocupado por el informe del Capitán Cañas, ordenó “abrir causa indagatoria de la culpa o falta militar en la vigilancia y castigar con arreglo a las ordenanzas y leyes militares a los culpables”. Es evidente que el asunto de las fugas de las cárceles no era algo que pudiera pasar inadvertido, tanto así que del mismo poder ejecutivo se emanaban pautas en esa dirección.

Años después, en 1845, la Junta de Directores del sistema penitenciario, según el diario Mentor Costarricense, preocupada por el incremento de las fugas y de los permisos concedidos por motivos de salud, emitía un comunicado en el cual la Junta “exita el zelo de todos los Jueces del Estado, a fin de que persigan a los desertores, donde quiera que se encuentren, i hagan volver a cumplir el tiempo de sus condenas a los que obtuvieron licencia por enfermos, a no ser que acrediten haber prescrito la pena, según las leyes”. Es claro que una malsana combinación de cárceles poco seguras con una política laxa en materia de licencias otorgadas por cuestiones de salud, había traído como secuela que múltiples condenados no purgaran las penas por los delitos cometidos.

En la década de los años cincuenta del siglo XIX, es posible observar ciertos esfuerzos por mejorar la cuestionada seguridad de los presidios costarricenses. También se aprecia el impulso de iniciativas que buscan crear nuevas instalaciones carcelarias que permitieran ofrecerle una mayor credibilidad al resguardo de los individuos que solían transgredir los límites de la ley. Hay que decir, eso sí, que los logros en esa materia fueron realmente limitados y no será sino hasta fines de esa centuria que podrán percibirse avances significativos en ese particular.