Infractores de la ley

Rafael A. Méndez Alfaro / Coordinador Programa de Estudios Generales

Historiando a 01 11 19En la sociedad josefina de la primera mitad del siglo XIX, las transgresiones contra la propiedad se encontraban a la orden del día. Delitos como el robo de caballos, plátanos, arroz o enseres domésticos menores, se encuentran registrados de modo frecuente en la Serie Jurídica del Archivo Nacional de Costa Rica.

La revisión de estas fuentes pone en evidencia que las prácticas de este tipo de violaciones no sólo eran frecuentes, sino que abarcaban diversos grupos de personas, ubicadas, por lo general, en los estratos sociales de menor acceso a la riqueza. Como es de esperarse, transgresiones de mayor dimensión en esta materia tendían a ser ejecutadas por individuos situados en otros segmentos de la población de mayor poder adquisitivo.

¿Quiénes delinquían? De veinticinco expedientes históricos sometidos a revisión y correspondientes a personas acusadas de cometer delitos contra la propiedad en San José durante el lapso 1824-1850, la mayor parte de quienes manifiestan poseer un oficio dicen ser agricultores, jornaleros y labradores. Asimismo, expresan no poseer dinero alguno. Únicamente tres declaran poseer capital: ciento dos, cincuenta y veinticinco pesos respectivamente. Uno de los imputados manifiesta disponer de un empleado doméstico, el cual, dadas las circunstancias, no sería de extrañar resulte un familiar cercano. Estos datos revelan que, para el período mencionado, las actividades de carácter agrícola constituían las primordiales de una nación en esencia rural. De igual modo, deja ver el origen humilde de quienes caían con alguna regularidad en este tipo de desacatos a la ley.

Historiando b 01 11 19.pngComo norma, se puede apreciar que la mayor parte de estos transgresores caen en el delito de manera ocasional, no convirtiendo estas prácticas en un medio de subsistencia. Por el contrario, tienden a combinar sus oficios con la práctica punible eventual. Esto se deriva de la escasa aparición de casos recurrentes de individuos que hacen del delito un ejercicio cotidiano.

José Daniel Gil, quien ha estudiado el tema de la delictividad en la provincia de Heredia, sostiene que “delinquir era algo común para unos pocos, poco usual para otros, pero al fin y al cabo por diversos motivos delinquían”. En diversos casos estudiados se puede apreciar que las transgresiones se cometen porque se presenta la oportunidad o por descuido de las víctimas. Mas no hay muchas evidencias de ladrones de profesión, aunque es claro que éstos existían. El mismo Gil sostiene que “se delinque, no contra quien oprime, sino contra se tiene más facilidad y ventaja”. Es decir, se cometen robos o hurtos frecuentes contra las personas a las cuales se tiene mayor acceso: familiares, vecinos, amigos o compañeros de trabajo, según sea el caso.

En algunos sumarios, la comisión de un delito se da como resultado de rencillas personales. En otras situaciones, por indolencia. Tal es el caso de robos e “bestias no marcadas con fierro” que se encontraban pastando tranquilamente en potreros con escasa protección. En términos generales, la espontaneidad y el factor oportunidad más que las premeditaciones tienden a ser las explicaciones más relevantes de este tipo de infracciones.

El tipo de contravenciones a la propiedad privada que se cometen en la capital costarricense del período citado son de diverso orden. El Archivo Nacional de Costa Rica ofrece casos muy interesantes. En 1835, Gregorio Caravaca fue denunciado por el robo de un pavo a Vicente Guerrero, “estando este último durmiendo en la casa de una vecina”. Dos años antes, María Acuña denunciaba a Antonio Valverde “por haberle traído de casa de la demandante unas piezas de ropa”. En otro ejemplo del mismo año, Jesús Mora reconoció haber robado a su padre dos gallinas, una cabeza de plátanos y una red de maíz tierno “porque fue a pasear donde su padre y éste no le dio de cenar”. En casos como los citados, las transgresiones de mueven dentro del ámbito local y se circunscriben al entorno familiar y local.

En los expedientes judiciales de la época se localizan robos de caballos pastando en potreros de Escazú, en el año 1846. También se encuentra el caso de Francisco Naranjo, en 1826, quien usurpó un caballo ensillado del encierro de las Pavas de forma casi natural; al ser denunciado adujo que tomó el equino debido a “que en el de parecerse a uno que pocos días había comprado”. En 1833, Dionisio Castillo es acusado “por haber parecido en poder de éste las fajas de un llugo [sic]… junto a unos barzones, sogas y un poco de losa que tenía en la casita de una estancia”. Robos de esta naturaleza se suelen ejecutar contra individuos que no distan mucho de la condición social de los infractores, de tal modo que los mismos se resuelven, desde el punto de vista judicial, de forma efectiva y práctica.

Los castigos aplicados a quienes cometían delitos contra la propiedad tenían un fin práctico. La Asamblea Constitucional llegó a aprobar en 1830 un decreto donde facultaba a los Alcaldes Constitucionales para que juzguen y terminen verbalmente; esto es por medio de juicios orales, en delitos de hurto que no excedan de diez pesos “pudiendo imponer hasta un mes de obras públicas o multas que no excedan de veinte y cinco pesos aplicables al fondo de propios”.

Resultado de lo anterior es posible observar la difusión de penas que buscaban no sólo resarcir el daño ocasionado, sino disponer de trabajadores para el desempeño de labores de “bien público”. En 1835, por ejemplo, Francisco Carrillo, quien robó unas piezas de ropa y una sortija, se le condenó, aparte de pagar el precio de lo robado, a un mes de obras públicas. A Pedro Gómez se le castigó, por el robo de un machete y un pañuelo, también a un mes de obras públicas. A otro individuo, Jesús Mora, en 1833, reincidente en el plano delincuencial, se le dictó la misma sentencia por el robo de plátanos, dos gallinas y maíz; además, se le aplicó la sanción de cumplir el castigo con un grillete, “por ser un ladrón tan perjudicial a la sociedad como está comprobado”.

En agosto de 1849, el periódico El Costarricense dejaba ver la importancia del uso de prisioneros en el trabajo de obras públicas cuando indicaba: “Hemos visto con mucha satisfacción continuarse i llevarse al fin la obra de dos puentes que eran de suma necesidad para hacer más expedito el comercio en lo interior de las poblaciones”.

En otras ocasiones los trabajos públicos recibidos como sanción eran orientados a edificación o arreglos de ermitas o templos católicos.

En uno u otro caso, la aplicación de la ley resultó del todo ejemplarizante para aquellos individuos, que por omisión o por convicción, cayeron en la práctica ocasional o frecuente, de delitos contra la propiedad.