LLM. Velia Govaere Vicarioli
Coordinadora OCEX-UNED
- A la luz de la OMC, el subsidio al arroz es distorsionante
El arroz es un producto fundamental en la dieta de todas las naciones. Con 57kg de consumo anual per cápita, la población de Costa Rica deriva de su ingesta el 22% de su suministro calórico. Su costo representa más del 8% de los ingresos de los hogares más pobres. En estratos más acomodados, el consumo de arroz no representa nunca ni el 1% de lo que ganan. Por eso el arroz es un tema social de primer orden.
La producción nacional nunca ha sido suficiente para abastecer nuestra demanda. Desde hace 15 años importamos casi el 40% del arroz que consumimos. El problema es nuestra baja productividad (3,7 TM/ha), el 15.° lugar entre 26 países productores en las Américas. Estamos detrás de Estados Unidos (7,7 TM/ha) y, regionalmente, lejos también de El Salvador (6,6 TM). Uruguay es el país más productivo y exporta el 85% de su producción.
Perú, Argentina, Colombia, Venezuela y 8 países latinoamericanos más tienen mayor productividad que Costa Rica. Con nuestra productividad sería más barato importar que producir. Pero eso no significa que debamos abandonar el cultivo del arroz y dedicarnos simplemente a otros cultivos que son más rentables. Lo que debemos hacer es aumentar nuestra productividad.
Pocos países del mundo confían su abastecimiento de arroz al mercado internacional porque este es débil y altamente vulnerable ante cualquier vicisitud política, productiva, técnica o climática. Los países que lo producen también lo consumen y queda para su comercialización menos del 8% de la producción mundial, apenas cerca de 30 millones de toneladas. ¿Qué hubiera ocurrido si India no hubiera tenido sus propias reservas, en el 2002, cuando tuvo una contracción de 21 millones de toneladas en su producción doméstica? La demanda de arroz se habría disparado, así como su precio y el hambre habría aumentado.
Por esa razón, la producción arrocera tiende a ser reconocida como actividad de interés público, respaldo decisivo a la seguridad alimentaria de nuestras poblaciones.
Conarroz y los aranceles. Estamos entre los países de alto consumo y también somos de los que más protegen la producción de arroz: altos aranceles de importación, canon fitosanitario y fijación de precios. Los aranceles inhiben que cualquier comerciante pueda importar arroz. El MEIC fija el precio de venta asegurando un mínimo del 20% de utilidades a los productores nacionales, a lo largo de toda la cadena productiva.
Pero la producción nacional no es suficiente y siempre se necesita importar cerca del 40% del consumo nacional. A CONARROZ se le dio la facultad monopolística de importar sin aranceles, derivando millonarias ganancias al distribuirlo para su venta al precio fijado por ley, muy por encima del precio internacional al que lo compra. Al imponerse un precio por ley –que está actualmente al doble del precio internacional– CONARROZ paga, sin aranceles, a la mitad del precio nacional y luego lo vende al doble. ¿Con qué objetivo se estableció ese esquema? ¿Quién paga las ganancias? ¿A quién benefician?
El esquema se estableció con tres propósitos: defender a los pequeños productores de arroz, utilizar esas ganancias para mejorar la productividad y fomentar la producción doméstica de este grano. Rendición de cuentas: la productividad promedio es la misma desde hace 15 años, la producción doméstica apenas ha aumentado y muchos pequeños productores se han visto forzados a dedicarse a otras actividades agrícolas.
El resultado difícilmente podría haber sido diferente porque, para ganar más, nadie necesita mejorar su productividad, sino simplemente seguir pidiendo aumentos de precios para asegurar un 20% de utilidad en su producción local, y mucho más todavía con lo que importan.
¿Quién paga y cuánto? La diferencia entre lo que los consumidores podrían pagar (precio internacional) y lo que efectivamente pagan (precio nacional por ley) es un subsidio que reciben los productores de arroz de parte de los consumidores. Triste situación si se piensa, sobre todo, en el consumidor pobre. Entre 1995 y 2005, los pobres de Costa Rica han pagado a los productores un sobreprecio de más de 400 millones de dólares. Desde entonces la cosa ha sido peor: mientras el precio nacional forzado aumentaba un 90%, los precios internacionales bajaban, en medio de la crisis y el crecimiento del desempleo.
¿Quién se beneficia de algo así? Digámoslo con sencillez, los adjetivos sobran. En el 2006, ya se sabía que 33 productores recibían el 50% de las ganancias de este esquema, contra el 13% repartido entre 773 agricultores (Polo-Cheva et al, 2006). Luis Mesalles (La Nación, 01/10/10) nos impacta precisando: “la mayor parte del subsidio se lo llevan menos de 10 productores”.
Subsidio distorsionante. Nunca se han sacrificado tantos para tan pocos. Este esquema corta el vínculo que debe existir entre productividad internacional y consumo. Se distorsiona el mercado al impedir que el consumidor pague el precio que la productividad mundial le permitiría.
Eso afecta su decisión de consumo y también la demanda global. Por eso, a la luz de la OMC, este es un subsidio distorsionante.
Semejante política, de resultados tan diferentes a los esperados y de costos sociales inequitativos, debió haber sido rectificada por sus propios deméritos. Hoy tendrá que ser revisada bajo la sombra de una espada de Damocles en Ginebra.
No se trata de abandonar al sector arrocero. Lo que está sobre el tapete es defender la canasta básica del consumidor más pobre y focalizar la ayuda a los productores que verdaderamente lo necesitan.
Nada ni nadie impide apoyar a los arroceros menos productivos, con asistencia condicionada al incremento de su productividad (transferencia tecnológica, semillas certificadas, fertilizantes, mejores sistemas de irrigación y control de pestes).
Pero, claro, un apoyo focalizado y concentrado en beneficio de quienes de verdad lo necesitan no serviría de sombrilla para cobijar a justos y pecadores, donde, como se sabe, el que tiene más galillo traga siempre más pinol.
Artículo en:
http://www.nacion.com/2010-1022/Opinion/PaginaQuince/Opinion2563704.aspx
El bienestar de los pequeños productores de arroz
Por: Gloria Abraham, Ministra de Agricultura y Ganadería
Mayi Antillón, Ministra de Economía, Industria y Comercio
Anabel González, Ministra de Comercio Exterior
- La nueva política arrocera se focaliza en quienes realmente la necesitan
Aunque al escuchar la expresión “productores de arroz” muchos costarricenses posiblemente piensan en productores pequeños y de ingresos bajos –como es el caso de los productores de frijoles–, lo cierto del caso es que existen grandes diferencias entre productores de arroz en términos de área cultivada, productividad e ingresos. Y precisamente porque los productores tienen características diferentes, es necesaria una política pública diferenciada, que atienda de manera concreta las necesidades de cada grupo.
Ahora bien, es obvio que los recursos públicos son limitados y esto implica que hay que establecer prioridades. Probablemente casi todos los costarricenses estén de acuerdo en que el principal beneficiario de las políticas y el gasto público deben ser los grupos de ingresos medios y bajos, que necesitan el apoyo estatal para prosperar y sacar adelante sus familias.
No sería correcto, desde una perspectiva basada en principios de solidaridad y justicia, destinar esos recursos públicos para atender las necesidades de grupos de muy altos ingresos, que no necesitan realmente del apoyo estatal para garantizar su bienestar.
Solidaridad y justicia. Pues bien, el cambio en la política arrocera que ha anunciado el Gobierno de la República tiene precisamente el propósito de adecuar la política arrocera a estos principios generales de solidaridad y justicia, de manera que la acción estatal esté concentrada en los pequeños productores, de baja productividad e ingresos, y en los consumidores de bajos ingresos.
Esto contrasta con el diseño de la política anterior, que no hacía esta diferenciación y cuyos beneficios se concentraban en los productores de mayor tamaño y más elevados ingresos.
En efecto, una política basada en la fijación de precios nada más, beneficia mucho a productores de bajos costos –precisamente los más grandes y productivos –, pero hace poco por la prosperidad y el bienestar de productores de altos costos, cuyos problemas principales son la baja productividad, la necesidad de una mejor gestión de negocios y el acceso al crédito.
Dicha política de fijación de precios al productor tiene un problema adicional: es violatoria de los acuerdos comerciales internacionales, que prohíben dicha fijación más allá del monto autorizado (salvo en el caso de que el beneficio generado sea relativamente pequeño, pero en nuestro caso el beneficio es cinco veces mayor al límite permitido).
La nueva política arrocera, anunciada por el Gobierno de la República el 12 de enero, corrige estos problemas y focaliza la acción pública en los pequeños productores (menos de 50 hectáreas) y en los consumidores de menores ingresos.
Programas de capacitación. Así, se ofrecerá a los productores un programa de capacitación técnico/agropecuaria por un monto de ¢5.000 millones, que será ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), una de las más prestigiosas instituciones agrícolas del continente americano.
El principal objetivo de este programa es elevar el nivel de ingresos de los pequeños productores, mediante técnicas que mejoren su productividad en la producción de arroz, o bien mediante la identificación y capacitación en cultivos alternativos, cuando las condiciones de suelo, clima y extensión de la propiedad no sean idóneas para la producción de arroz.
Además, se relanzará la línea de crédito por ¢4.100 millones que por medio del Sistema de Banca de Desarrollo se aprobó desde el 2009 y se les ofrecerá un programa de capacitación en gestión de negocios, impartido por el INA.
Por otro lado, si bien se eliminará gradualmente la fijación de precios al productor, se mantiene la fijación de precios al consumidor para el arroz de consumo popular, a fin de garantizar que este siga teniendo el precio más bajo posible y para que los incrementos en la productividad y las bajas en el costo de producción se traduzcan, gradualmente, en mejores precios para el consumidor.
En síntesis, la nueva política arrocera focaliza la acción estatal en quienes verdaderamente la necesitan, y contribuye simultáneamente a mejorar los ingresos de los pequeños productores a través de mecanismos concretos de aumento de la productividad de sus cosechas y a garantizar precios bajos para el arroz de consumo popular.
Artículo en:
http://www.nacion.com/2011-01-15/Opinion/Foro/Opinion2652122.aspx